Caballo Blanco: la herida abierta de un Estado omiso

Golpea a familiares de víctimas la lentitud institucional

- 5 años después habría recomendación a la FGE

- ¿Elecciones bajo sombra de la inseguridad?

- AL OÍDO: Tatahuicapan: el costo de gobernar sin transparencia

A casi cinco años de la tragedia ocurrida en el bar *Caballo Blanco* de Coatzacoalcos, donde 33 personas perdieron la vida tras un brutal ataque, la justicia sigue postergada. No es solo una deuda penal, sino una herida moral que evidencia el colapso institucional en la atención a víctimas y la actuación tardía de los órganos que debieran vigilar el cumplimiento de los derechos humanos.

La reciente declaración del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Coatzacoalcos, Tonatiuh Hernández Sarmiento, es reveladora y preocupante.

Anunció que apenas en breve se emitirá una recomendación formal dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la forma inadecuada en que se entregaron los cuerpos a los familiares.

El señalamiento es claro: se violaron los derechos humanos, no hubo dignidad, ni protocolos, ni respeto. Fue un manejo inhumano, doloroso, indignante.

Sin embargo, más allá de la recomendación que se prepara, lo verdaderamente alarmante es la lentitud institucional. Han pasado casi cinco años. ¿Por qué una investigación de este tipo tarda tanto tiempo? ¿Cuál es la eficacia real de los organismos autónomos si su respuesta es tan distante de los tiempos del dolor?

CONTRAPESOS ESPECTADORES DE LA TRAGEDIA

La inacción o demora de la CEDH expone un patrón sistémico: las instituciones que deberían funcionar como contrapesos al poder o garantes de los derechos ciudadanos, muchas veces se convierten en espectadores de la tragedia. Y cuando finalmente actúan, lo hacen más por presión social que por convicción institucional.

El caso de Caballo Blanco debería ser una prioridad nacional, no solo estatal. No se trató de un crimen aislado, sino de un acto de barbarie con signos claros de operación criminal organizada y una respuesta estatal deficiente.

La FGE, como lo admite la misma CEDH, no contaba con infraestructura, personal ni sensibilidad para afrontar la magnitud del suceso. Eso no solo es una falta de previsión, es una omisión institucional.

Además de la violencia misma del ataque, lo que siguió fue una cadena de indignidades: cuerpos mal resguardados, procesos de identificación precarios, ausencia de protocolos y, lo más grave, abandono a las familias.

No hubo una estrategia de atención integral. Muchos de los deudos quedaron no solo con el dolor del asesinato, sino con la carga de una burocracia sorda que no supo, no quiso o no pudo atenderlos.

Hoy, las autoridades deben hacer más que emitir documentos.

EL DOLOR NO PRESCRIBE

Urge un reconocimiento público de responsabilidades, una reparación del daño real —no solo simbólica— y una revisión a fondo de los protocolos de actuación en casos de masacres. Porque lo ocurrido en Caballo Blanco no es una excepción. Es un reflejo de cómo el Estado mexicano, en sus distintos niveles, sigue sin estar preparado para proteger, atender y reparar.

Si algo debemos aprender de esta tragedia es que el dolor no prescribe. Y la dignidad, cuando se pierde, debe ser restaurada con verdad, justicia y memoria.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen esperando. Y el resto de la sociedad, observando si alguna vez este país será capaz de hacer justicia sin demora ni simulación. Porque si no lo logra con una masacre, ¿qué podemos esperar para los demás casos?

¿ELECCIONES BAJO SOMBRA DE LA INSEGURIDAD?

A pocos días del arranque oficial de las campañas en los 212 municipios de Veracruz, la democracia local se ve amenazada por un enemigo que va más allá de las urnas: la inseguridad.

El reconocimiento del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, de que al menos 20 candidatos han solicitado protección oficial para recorrer sus municipios, pone sobre la mesa un problema que ya no puede minimizarse.

Federico Salomón, dirigente estatal del PAN, ha señalado públicamente que existen al menos 17 municipios considerados "focos rojos" por la inseguridad, entre ellos Acayucan, en el sur del estado.

El dato no es menor. Acayucan es una región estratégica, no solo por su peso electoral, sino por su relevancia en el corredor del Istmo de Tehuantepec, una zona en disputa tanto por grupos criminales como por proyectos de desarrollo económico.

El hecho de que la mayoría de las solicitudes de seguridad provengan de candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) y del PAN, obliga también a revisar si hay condiciones de equidad y confianza en el proceso. ¿Acaso ciertos partidos enfrentan más riesgos por no formar parte del oficialismo?

Lo más preocupante es que la violencia no solo busca callar voces, sino condicionar el voto, imponer candidaturas a modo o disuadir la participación ciudadana.

El proceso electoral corre el riesgo de perder legitimidad en algunos municipios. Y cuando la democracia se ejerce con miedo, ya no es democracia: es simulacro.

AL OÍDO

La advertencia lanzada por el diputado Esteban Bautista sobre el posible procesamiento penal del alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández, por un presunto desvío de 2 millones 800 mil pesos, pone de nuevo el reflector sobre una constante en la política municipal: la impunidad como norma.

Si bien el Congreso ha manifestado su intención de actuar al concluir la gestión del edil, el verdadero reto será romper con el patrón de justicia tardía, que más parece castigo político que rendición de cuentas efectiva.

El presunto desvío no solo representa un quebranto a las finanzas públicas, sino una traición a la confianza de los ciudadanos de un municipio históricamente marginado.

De confirmarse el desfalco, el caso podría sentar un precedente importante si se actúa con firmeza. De lo contrario, será otro expediente que engorde el archivo muerto de las denuncias sin castigo. La justicia, si llega, debe hacerlo con contundencia y sin pactos de impunidad.

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