Tres años han transcurrido desde el asesinato de Juana Ovando, de 22 años, sin que su familia obtenga justicia; la joven fue presuntamente golpeada hasta la muerte por su vecino, un maestro identificado como Serge N, quien al principio habría aceptado su responsabilidad, pero que ahora niega los hechos y busca su defensa legal.
El crimen ocurrió el 20 de abril de 2022 en Xalapa, capital del estado, a donde Juana se había trasladado desde Agua Dulce para cursar la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana (U.V.).
Leticia de los Santos, madre de la víctima, denunció que el proceso judicial se encuentra estancado y sin avances desde hace más de un año.
Aseguró que las audiencias han sido suspendidas al menos en diez ocasiones por la defensa del imputado, lo que, a su parecer, representa una estrategia para retrasar el juicio.
El caso se encuentra detenido en la etapa intermedia y no ha logrado avanzar hacia juicio oral, a pesar de las constantes suspensiones, el acusado no ha recibido sanción alguna.
Está representado por tres abogados, lo que, según la madre, revela su intención de eludir su responsabilidad en el crimen.
Durante una entrevista, Leticia rompió en llanto al recordar la pérdida de su hija y expresó su temor de que ´Serge N´ pueda quedar en libertad.
Afirmó haber recibido información de que el señalado ya habría agredido previamente a otra persona, lo que incrementa su preocupación por la posibilidad de que vuelva a actuar con violencia si es que recupera su libertad.
La madre de Juanita asegura que su vida ha sido profundamente afectada desde el feminicidio, con episodios de depresión y angustia constante.
Señala que su única fortaleza ha sido su familia y la fe en Dios, sin embargo, insiste en que no encontrará paz hasta que se haga justicia.
Leticia de los Santos dirigió un llamado directo a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que intervenga y exhorte a la Fiscalía a presentar las pruebas necesarias que confirmen la culpabilidad de ´Serge N´.
Afirmó que el expediente contiene los elementos para acreditar su responsabilidad, pero no han ni siquiera presentadas porque desde hace un año, la defensa suspenden las audiencias.
A tres años del asesinato, el expediente permanece sin resolución, y la familia de Juana continúa exigiendo justicia, mientras el proceso judicial sigue sin fecha definida para avanzar.
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