En Las Choapas, acusan a la FGE de favorecer a funeraria

Tras la denuncia presentada en julio por empresarios funerarios de Las Choapas y Agua Dulce, en la que se expusieron irregularidades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en favor de la funeraria Velasco de Las Choapas, parecía haberse logrado un cambio significativo. Sin embargo, recientes reportes indican que la situación ha regresado a prácticas monopólicas, afectando tanto a los empresarios como a las familias dolientes.

A pesar de los acuerdos alcanzados que establecían límites geográficos y rotaciones entre funerarias para garantizar equidad, Ramiro Velasco, dueño de la funeraria Velasco, ha vuelto a imponer su dominio. Según testimonios, Velasco se presenta directamente en los límites donde las autoridades deben intervenir, excluyendo a otras funerarias y monopolizando el contacto con las familias de las víctimas.

PRESIONES Y ALTOS COSTOS

Familiares de víctimas han denunciado que personal de la funeraria Velasco, en complicidad con una perito criminalista de nombre Diana y otros policías ministeriales, los presionan para contratar sus servicios. Alegan que incluso en casos de muertes patológicas, les informan que se realizará una necropsia para justificar demoras en la entrega del cuerpo.

Esta estrategia, combinada con el desvío de cuerpos al anfiteatro de la funeraria Velasco en lugar del SEMEFO oficial, impide que otras funerarias puedan dialogar con los familiares, quienes terminan pagando servicios que van de 25 a 30 mil pesos, cuando en otras funerarias el costo sería de 10 a 12 mil pesos.

PIDEN AYUDA

Empresarios funerarios y ciudadanos afectados piden ayuda mediante la intervención de la gobernadora Rocío Nahle, conocida por su firme postura contra prácticas corruptas. Piden que la fiscal general Verónica Hernández Giadáns investigue a fondo la situación y detenga estas prácticas que, además de ser ilegales, vulneran la economía y la confianza de las familias en momentos de profundo dolor.

Los denunciantes señalan que esta problemática no solo afecta la competencia justa entre funerarias, sino que también perpetúa una red de corrupción dentro de la FGE que prioriza intereses particulares por encima del bienestar ciudadano.