En una decisión que ha generado amplio debate, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) portar armas de fuego para funciones de seguridad.
La iniciativa, propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato, busca fortalecer la seguridad en áreas estratégicas del país. La reforma modifica el artículo 24 de la mencionada ley, estableciendo que los organismos que, por sus funciones de carácter público, justifiquen su necesidad, podrán obtener licencias oficiales colectivas para la portación de armas de fuego.
Estas licencias deberán ser autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y renovadas cada dos años. Además, las dependencias autorizadas deberán expedir credenciales foliadas de identificación a su personal operativo que vaya a portar armas, las cuales se asimilarán a una licencia individual de portación de armas.
La reforma también establece que los titulares de las licencias colectivas deben remitir periódicamente a la Sedena y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de las armas de fuego que se encuentren en su poder, debidamente correlacionado con su estructura y organización operativa, y señalar los folios de las credenciales y los datos del personal que las tuviera a su cargo.
La aprobación de esta reforma ha suscitado diversas opiniones. Mientras algunos sectores consideran que fortalecerá la seguridad en instalaciones estratégicas, otros advierten sobre los riesgos de armar a personal no militar. La implementación de esta medida requerirá una estricta supervisión y capacitación para garantizar su eficacia y evitar posibles abusos.
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