La reciente implementación del programa gubernamental "Vida Saludable", que prohíbe la venta de alimentos y bebidas chatarra en todas las escuelas de México desde el 29 de marzo, ha generado una respuesta significativa por parte de diversas organizaciones y empresas.
Al menos 16 entidades han interpuesto amparos legales con el objetivo de suspender o modificar los lineamientos de esta medida, argumentando que vulnera el derecho de elección de los consumidores.
Entre las organizaciones y empresas que han recurrido a estos recursos legales se encuentran:
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC)
Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC)
Comercializadora Gonac
Jumex
Embotelladora AGA
Corporación del Fuerte
Bepensa Bebidas
Corporación RICA
Maison Kayser
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia
Refresquera Internacional
Embotelladora Las Margaritas
BBOX Vending
Centros Culturales de México
Bona Terra y Bebiendo
Estas entidades sostienen que la prohibición impuesta limita la libertad de elección de los consumidores y podría tener repercusiones económicas en sus operaciones.
Liliana Bahena, coordinadora del programa "Mi Escuela Saludable" en El Poder del Consumidor, señaló que, si bien estos amparos eran previsibles, no impedirán la aplicación de la ley. Indicó que se espera la presentación de más recursos legales y que su organización implementará estrategias para monitorear y responder a estas acciones.
Por su parte, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, expresó que el consumo de productos chatarra entre los niños probablemente continuará, ya que los estudiantes pueden llevar estos alimentos desde sus hogares o adquirirlos en establecimientos cercanos a las escuelas.
Además, cuestionó la capacidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para supervisar eficazmente la situación dentro de los planteles educativos y garantizar el cumplimiento de la prohibición.
La implementación de "Vida Saludable" forma parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir los elevados índices de obesidad infantil en el país. Sin embargo, la resistencia de ciertos sectores empresariales y comerciales refleja la complejidad de equilibrar políticas de salud pública con intereses económicos y libertades individuales.
El desarrollo de estos amparos y las decisiones judiciales que se deriven de ellos serán determinantes para el futuro de esta iniciativa y su impacto en la salud de la población infantil mexicana.
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