Ayer, el diario Reforma destacó en su portada que la Fiscalía General de la República investiga por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles a la naviera Marinsa de México, una de las principales contratistas de Pemex el sexenio pasado.
El diario capitalino citó que un dictamen contable de peritos de la FGR detectó que del 2019 al 2022 la naviera recibió depósitos de más de 22 mil millones de pesos: 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares –10 mil 705 millones de pesos–, que no tienen documentado un origen lícito.
Este caso seguramente va a reforzar las especulaciones acerca de un inminente rompimiento político entre la actual presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ya que la naviera bajo investigación, cuyo principal accionista es José Luis Zavala Solís, hijo del empresario José Luis Zavala Navarrete, fundador de Cemza, estuvo asociada en la administración anterior con una empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del exmandatario fundador de Morena.
Sin embargo, desde el 4 de diciembre 2020 –al año de iniciada su administración–, el entonces presidente López Obrador pidió al director general de Pemex, Octavio Romero, que se investigara a la empresa de su prima Felipa. Estas fueron las razones: la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, había recibido de la petrolera del Estado mexicano contratos por adjudicación directa que sumaban más de 365 millones de pesos, según había revelado el reportero Mario Gutiérrez Vega, de Latinus, un día antes.
Al ser cuestionado al respecto en la conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró que no tenía conocimiento de este asunto “con exactitud”, pero comentó que el director de Pemex, Romero Oropeza, informaría sobre este asunto.
“Si un familiar hace algo indebido pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ¡ya ven cuánto queremos los padres a los hijos! No se protege a nadie… ¿Y en donde salió esta información? ¿Reforma, El Universal…? ¿dónde?”, inquirió, y cuando le respondieron que “fue una investigación de Carlos Loret”, contestó: “¡Ah no, pues sí, muy objetivo, muy profesional!”, sonrió burlón.
Después leyó la carta que envió el 13 de junio de 2019 a todo el gobierno federal, en la que, entre otros puntos, señaló: “No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”.
El contrato que en 2019 había obtenido la empresa de la prima de López Obrador en propuesta conjunta con Marinsa de México SA de CV y Maren Marine Energy S.A.P.I de CV fue para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la Península de Yucatán. Su monto era por 231 millones de pesos y estuvo vigente hasta diciembre de 2022.
Pero la empresa de Obrador Olán, creada en marzo de 2006, recibió también contratos de menor monto, sin concurso ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del IMSS y el ISSSTE.
Además, en la administración priista del expresidente Enrique Peña Nieto recibió alrededor de 25 contratos.
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